TIJUANA, B.C. | 2 de Ene de 2014 - 5:56 PM | Por: AFN
Fernando Emmanuel Valencia Pérez de 29 años de edad, apodado “El Backstreet”, se ocultó durante ocho años en la vecina San Diego, California, donde cambió de identidad para no ser encontrado. Su “error”, que ayudó a la cuestionada justicia de Baja California, fue haber solicitado su residencia permanente en el vecino país.
Ahora podría enfrentar la “pena máxima” –que es de 50 años de prisión- ya que el Procurador Rommel Moreno Manjarrez, adelantó que la fiscalía a su cargo, pedirá ese castigo al Juez.
Valencia Pérez, es quien manejaba, en aquel diciembre de 2005, la unidad en la que fue “levantada” la entonces adolescente Sara Benazir Chavolla Ruiz, quien al negarse a los requerimientos de éste y otros individuos, fue lanzada de un vehículo en movimiento, a la altura de Pueblo Amigo, lo que provocó a su vez que fuera golpeada con su unidad, por un taxista que transitaba por ese lugar, el cual de inmediato le dio auxilio.
El conductor informó de los hechos y la niña fue llevada a un hospital donde estuvo en coma durante seis días, en tanto las autoridades encontraron la unidad que conducía Fernando Emmanuel y que resultó ser de la madre de éste. Fernando “desapareció”.
Tras ser identificado por las autoridades estatales de ese entonces, el joven de 21 años fue detenido junto con otro individuo, pero pronto obtuvo su libertad, según se dice por “influencias” de sus padres. Ahora ya está otra vez en manos de la autoridad y un cómplice es buscado.
Confiado por los largos años transcurridos, Valencia Pérez decidió solicitar ante el Servicio de Inmigración –como ya se dijo- su residencia permanente en Estados Unidos, sin embargo al existir una “alerta policiaca” emitida por las autoridades de Baja California, las estadounidenses informaron a las mexicanas al surgir ésta, en el momento en que el mexicano puso sus huellas digitales.
Para la realización de estos trámites, se indica que Valencia Pérez debió proporcionar su nombre real y fue cuando se le tomaron las huellas dactilares en que se alertó al Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos, sobre el hecho de que existía una orden de arresto en su contra.
Por ese motivo, se notificó al agente de enlace internacional de la Procuraduría estatal en Tijuana, quien confirmó la solicitud de arresto, por lo que se dispuso de un operativo para su aprehensión en tierras estadounidenses.
La cita la tuvo Valencia Pérez, ayer por la mañana y esperaba la continuación de los trámites para su legalización como residente permanente, sin embargo en las inmediaciones del edificio federal, ya lo esperaban agentes de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), así como de la Border Patrol (Patrulla Fronteriza) para su detención y devolución a México.
En escasas horas fue retornado a la ciudad que dejó hace casi seis años, huyendo de la autoridad, después de haber salido de una manera no muy clara de los separos de la misma PGJE, en tanto que Gamaliel González Rivera, el otro de los detenidos sí permaneció por dos años recluido.
Valencia ahora está en la Penitenciaria de La Mesa a disposición del Juez de la causa, en espera de ser llamado a declarar, en tanto que agentes policiacos comentaron que la orden fue contundente, “llevarlo a la cárcel porque ya estaban sonando los teléfonos”, con referencia a la misma situación que se vivió cuando salió de los separos al no haberse encontrado elementos para consignarlo.
Sin embargo, después de casi un año de presiones por parte de la sociedad y los padres de la occisa, se giró una orden de aprehensión y se consideró como prófugo de la justicia.
La conferencia de prensa
Al parecer, según algunos consultados, el aviso de las autoridades estadounidenses tomó por sorpresa a las locales, que por la tarde llamaron a una conferencia de prensa que previamente no estaba programada. Ahí el subprocurador de Justicia en la entidad, Ricardo Salas Bravo informó que el Juzgado Tercero de lo Penal, libró la orden de aprehensión en contra del mencionado por su responsabilidad en el crimen de la menor.
Sustentó esto, en el hecho de que una de las pruebas periciales que señalaron su participación en el crimen, fue el hallazgo de cabello de Benazir en el vehículo; hubo otras testimoniales y pesquisas realizadas, abundó.
Recordó los trágicos hechos ocurridos el 7 de diciembre del año 2005, cuando Sarita fue lanzada de un vehículo en movimiento, en un hecho que conmocionó a toda la entidad.
Entonces se informó que la menor de 15 años, quien concluyó unos trabajos escolares en Palacio Municipal fue “levantada” por varios jóvenes a bordo de una camioneta Nissan, los cuales intentaron abusar de ella.
Al no lograr su objetivo y después de recorrer por varios minutos la ciudad, desde la rampa Aztecas en Mesa de Otay, hasta la zona del Río, fue “lanzada”, amarrada de pies y manos, en el sitio donde se le encontró.
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