TIJUANA, B.C. | 2 de Ene de 2014 - 5:56 PM | Por: Redacción.
La Subprocuraduría de Zona Tijuana, a través de Agentes Ministeriales adscritos al Grupo de Aprehensiones y Mandamientos Judiciales de la Policía Ministerial del Estado, dio cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de Iván Aguilera Silva de 32 años de edad por el delito de lesiones agravadas en razón de parentesco y violencia intrafamiliar en agravio de una mujer y de una menor de edad.
El indiciado fue asegurado por los agentes Ministeriales que dieron cumplimiento a la orden de aprehensión librada por el Juzgado Tercero de lo Penal. La detención se logró sobre la Vía Rápida Poniente, a la altura de la colonia 20 de Noviembre de esta ciudad.
De acuerdo a la denuncia presentada en contra de Iván Aguilera, los hechos que se le imputan se empezaron a registrar a mediados de este año en un domicilio de la colonia Sánchez Taboada, cuando el hoy indiciado, que es pareja sentimental de la víctima, empezó a consumir la droga conocida como cristal.
La ofendida menciona en su declaración ministerial que el pasado 3 de octubre del 2013, el indiciado llegó del trabajo y empezó a discutir con ella por una supuesta infidelidad cometida presuntamente por la víctima.
Sin embargo, ésta le negó tal situación, por lo que Iván Aguilera se dirigió con la hija menor de la ofendida y empezó a golpearla diciéndole que ella encubría a su madre; por lo que de inmediato la mujer acudió en auxilio de la menor, siendo también lesionada por el hoy indiciado.
Como pudieron, la mujer y su hija salieron del domicilio y acudieron ante la Policía para denunciar los hechos, quienes los turnaron al Ministerio Publico para que interpusieran la querella correspondiente.
Una vez en el Ministerio Público, el médico legista certificó las lesiones de la mujer y su hija y dicho dictamen fue integrado en el expediente, el cual fue consignado ante el Juez Penal correspondiente, quien giró la orden de aprehensión en contra del indiciado.
Por estos hechos, Iván Aguilera Silva fue puesto a disposición de la autoridad judicial para que responda por el delito que se le imputa y determine su situación jurídica.
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