MEXICALI, B.C. | 2 de Ene de 2014 - 5:56 PM | Por: REDACCION
El Poder Ejecutivo remitió observaciones al decreto número 502 que incluye el veto a la modificación del artÃculo 22 de la Ley de Edificaciones del Estado de Baja California, aprobado en sesión ordinaria del Congreso del Estado celebrada el pasado 30 de julio de 2013, informó el Secretario General del Gobierno, Francisco Antonio GarcÃa Burgos.
El funcionario estatal recordó que dicha modificación pretende establecer la obligación de que toda edificación (pública y privada) cuente con un mÃnimo de cajones de estacionamiento de carácter gratuito, de acuerdo a su tipo y ubicación, por lo que el ejecutivo considera oportuno negar su sanción asà como su publicación en el periódico oficial del Estado de Baja California.
El SGG comentó que no existe un análisis social-financiero suficiente que valide la factibilidad de la medida, ya que con su aplicación se afectarÃa a quienes prestan el servicio de estacionamiento público aparejado con actividades comerciales o de prestación de servicios.
Otra consecuencia al acceso gratuito es que harÃa muy oneroso y probablemente incosteable mantener las condiciones de seguridad y el otorgamiento de seguro contra robo de los vehÃculos, como actualmente acontece en diversos casos que se presta dicho servicio adicional, con impacto en materia de seguridad y posible incidencia delictiva.
También no escapa la posible incapacidad de alojar a sus clientes en sus estacionamientos, ante el posible incremento de usuarios, pues al ser gratuitos podrán ser utilizados por personas que concurran a lugares aledaños.
GarcÃa Burgos destacó que se podrÃan ocasionar pérdidas en relación con las inversiones en equipamiento y medidas de seguridad instrumentadas en instalaciones de estacionamientos ante la incapacidad de cobro, asà como la afectación a las relaciones laborales contraÃdas con los empleados que se hacen cargo de la administración y operación de los estacionamientos ante la falta de recursos para solventar la prestación de sus servicios personales, pudiendo afectar a cientos de fuentes de empleo con las consecuencias respectivas.
El Secretario General recordó que un caso similar se presentó en el D.F. y fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por afectarse la garantÃa de comercio que consagra la Constitución PolÃtica de los Estados Unidos Mexicanos.
Finalmente el Secretario General, Francisco Antonio GarcÃa Burgos, reiteró que el Poder Ejecutivo está a favor de respaldar modificaciones de ley o decretos que ayuden a la ciudadanÃa a prosperar, pero también tiene la responsabilidad de observar las mismas cuando pueden llegar a afectar a terceros.
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